La formulación de criterios generales para el diario quehacer en forma de “Políticas», es la concreción de las aspiraciones institucionales, la voluntad de satisfacer a la comunidad académica, mejorar continuamente los procesos y desarrollar y fortalecer la cultura de la calidad.
Es por esto que de conformidad con el numeral 3 del artículo 54 del Estatuto General, es función del Consejo de Rectoría «Aprobar políticas, códigos, lineamientos y directrices orientados a la realización de la Misión y al cumplimiento de las leyes, del presente estatuto y de las decisiones del Consejo Superior».
Así, el Consejo de Rectoría aprobó la siguiente la actualización de la Política de Gestión Integral de la UCM:
“La Universidad Católica de Manizales concibe la gestión integral de la calidad el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo como un concepto multidimensional que valora el acto educativo, la relevancia de lo aprendido y la efectividad académica y administrativa. La política de gestión integral de la UCM se fundamenta en el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión, en el logro de la satisfacción integral de todos los grupos de interés: en el cumplimiento de los requisitos legales de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a los servicios educativos que presta lo institución; en el perfeccionamiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, así como de la gestión administrativa; en la implementación de medidas y estrategias que promuevan la cultura del autocuidado para mantener ambientes de trabajo y estudio sanos y seguros que promuevan la eliminación de peligros y reducción de riesgos de seguridad y salud en el trabajo propiciando la participación y consulta de los trabajadores; en el fomento de la responsabilidad social universitaria y de uno cultura y ética ambiental que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, a la adaptación y mitigación al cambio climático y al ordenamiento ambiental del campus vital; y en lo realización de su quehacer a través del desarrollo de las funciones sustantivas, como respuesta a los procesos de construcción y consolidación de diversos aspectos de la vida social en todas sus dimensiones, en especial, en el aporte a la formación integral de la persona. El despliegue de la política se sustenta en la implementación, evaluación y regulación de los requisitos asociados al modelo de efectividad institucional y al sistema integrado de gestión, que buscan incrementar la pertinencia académica y la relevancia social en la prestación del servicio educativo por medio de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación”.